Guatemala fue sede de un acontecimiento que puede trascender en la vida de la población con discapacidad de muchos países. Los días 15 y 16 de noviembre, se llevó a cabo la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos. Organismo que entre otros temas, aprobó la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Resultado de la lucha del sector por dar visibilidad a sus demandas y necesidades. La presentación del instrumento se llevó a cabo ante la presencia del Rey VI de España, Felipe de Borbón; el presidente de Ecuador, Lenín Moreno; la viceprecidente de Argentina; Gabriela Michetti, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales; Sebastián Toledo, director del CONADI.
Los Jefes de Estado conocieron y adoptaron el compromiso de promover el cumplimiento de los derechos de 90 millones de personas que viven en la región. Esta cantidad, según la Organización Mundial de la Salud, representa el 15% de la totalidad de los habitantes de Iberoamérica. Población que en su mayoría, no cuenta con los recursos mínimos para su participación social en pié de igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas y otros foros mundiales, desde hace algunos años han adoptado acciones en pro de los derechos de la población con Discapacidad. La acción de mayor preponderancia, indudablemente que ha sido la Convención de la ONU en esta materia, seguida de acuerdos continentales, regionales y nacionales. Por lo que ahora, corresponde a la Organización de Estados Iberoamericanos.
La iniciativa fue presentada el 15 de noviembre por la Secretaría General de la OEI en la sede de la Agencia de Cooperación Española en la Antigua Guatemala.
El acuerdo incluye compromisos de los Estados para la promoción de los derechos laborales, educativos y de salud del sector. Así como la implementación de medidas para asegurar su participación en la vida pública, la seguridad y justicia. ELLO comprende la generación de registros oficiales, ya que en la mayoría de los países se carece de datos para el desarrollo de políticas públicas.
Al adoptar las naciones iberoamericanas esta iniciativa, los gobiernos deberán cumplir con acciones técnicas, administrativas y políticas. Entre éstas, la asignación de la cuota de país que permita alcanzar los objetivos de la misma, gestión que no será nada fácil dada la situación económica imperante en la región. Pero habrá que hacer el esfuerzo para que no se derive en declaración de buenas intenciones.
Luego de lo actuado por los Jefes de Estado de Iberoamérica, debe continuarse con la labor de las organizaciones representativas del sector y los entes rectores de cada país. Ya que deberán establecerse los mecanismos para la operativización de los compromisos por la institucionalidad pública. Asimismo, el apropiamiento del tema por parte de los interesados, de tal manera que la iniciativa sea un esfuerzo que trascienda.
