En busqueda de fortalecer la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, se llevó a cabo un importante acercamiento interinstitucional entre el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) y la Corte de Constitucionalidad (CC), con el propósito de establecer una alianza de trabajo que contribuya a promover una justicia más accesible e inclusiva.
En representación del CONADI participaron Maira Rivas, Presidenta de la Junta Directiva; Yaneth García, Vicepresidenta; Indra Molina, Secretaria de Junta Directiva; Maite Ávila, Directora General; y William Zapeta, Director Técnico; y Victoria De León, Interprete de Lengua de Ceñas como ajuste razonable. La delegación sostuvo una audiencia con la Magistrada Presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gladys Anabella Morfín Mansilla, quien estuvo acompañada por Francisco Urizar, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional (IJC).
Durante la reunión se abordaron temas prioritarios para fortalecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, entre ellos la necesidad de promover la accesibilidad comunicacional durante las audiencias, materiales informativos y de comunicación generados por la corte para garantizar los ajustes razonables que permitan una participación efectiva, impulsar procesos de sensibilización y capacitación dirigidos al personal del sector justicia sobre el trato adecuado y el relacionamiento con las personas con discapacidad, así como analizar la necesidad de promover reformas a disposiciones legales que aún generan discriminación o limitan el ejercicio pleno de sus derechos.
Como resultado de este encuentro, ambas instituciones manifestaron su interés en desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan una administración de justicia más inclusiva, accesible y respetuosa de los derechos humanos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el marco jurídico nacional.
Este acercamiento representa un paso significativo hacia la consolidación de una Corte que garantice una atención digna, accesible y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada en favor de una sociedad más justa e inclusiva.
