Entre las demandas que ha venido planteando la población guatemalteca al Congreso de la República, se encuentran las reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, exigencia que cobra mayor fuerza ante los acontecimientos que el país ha vivido en los últimos meses, por lo que los distintos sectores retoman sus propuestas y asumen una actitud de vigilancia, para que en esta oportunidad sí vayan las modificaciones que se han venido planteando, donde todos nos sintamos incluidos, que nuestro derecho a elegir y ser electos sea garantizado.
Al colocarse nuevamente el tema en la agenda política, el CONADI ha iniciado acercamientos con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para que las propuestas de reformas planteadas por las personas con discapacidad desde hace cinco años, sean incluidas esta vez en el proyecto que el TSE hará llegar al Congreso de la República, para dar cumplimiento al artículo 29 de la Convención de la ONU Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el 2012, organizaciones de personas con discapacidad con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales –IFES-, hicieron una revisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en coordinación con el CONADI, de donde derivó la propuesta de reformar los artículos 13, 22, 125, 157, 228 y 245 de la actual ley, en función de los derechos electorales de los ciudadanos con discapacidad.
Se demanda la accesibilidad de los centros electorales conforme el diseño universal, los que generalmente son ubicados en edificaciones con barreras físicas, lo que limita el libre acceso y con ello, un derecho electoral; la inclusión de espacios de participación de personas con discapacidad en los partidos políticos en todas las acciones que conlleve el proceso, para asegurar la formulación de los planes de gobierno municipal y central con enfoque de discapacidad.
Durante 27 años, el TSE ha impulsado esfuerzos para asegurar la participación de los ciudadanos con discapacidad, pero es una acción que ha venido dependiendo de la buena voluntad de sus autoridades, por lo que se hace necesario incluir en las competencias de la misma, la institucionalización de la temática en todos sus programas, políticas y servicios, con participación directa de los propios interesados.
Se propone que en el padrón electoral se lleve el registro de las personas con discapacidad, para la coordinación oportuna de los apoyos, aunque estos deben disponerse en todos los centros electorales; asimismo, se plantea que las comunicaciones de todo el proceso, debe darse en los medios y formatos accesibles a todas las condiciones de discapacidad, utilizando los recursos tecnológicos y la lengua de señas. En la oportunidad anterior, estas propuestas no fueron incluidas, se espera que en esta ocasión sean tomadas en cuenta, para atender como corresponde un derecho electoral de más de un millón seiscientas mil personas en condición de discapacidad.
