Autoridades del CONADI han manifestado que trabajaran en la formulación de una Política Pública de Acceso al transporte urbano y extraurbano, aéreo y marítimo en Guatemala de manera conjunta con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) y la Dirección General de Transporte (DGT).
El CONADI, como ente asesor, coordinador e impulsor en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala, deberá asesorar a las entidades correspondientes de la institucionalidad pública para la implementación de la política que tiene el propósito de garantizar el servicio de transporte público a referida población. Además, se contempla identificar cooperantes nacionales e internacionales, para establecer un plan piloto en respuesta a la política y mediante una colaboración técnica y financiera para crear infraestructura accesible o aplicar ajustes razonables en los centros de abordaje.
Esta acción obedece a la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), al declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos, otorgando amparo provisional. La acción interpuesta, manifiesta que la población con discapacidad sufre vejámenes, por no garantizarles la accesibilidad al servicio de transporte público y la prestación del uso del servicio gratuitamente.
Agrega, que el Estado de Guatemala debe velar porque el servicio de transporte público sea proveído a las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, facilitando su acceso a través de la implementación de tecnologías que faciliten la movilidad de los agraviados y su disponibilidad a través de la prestación del servicio de forma gratuita o a un costo asequible, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos
El amparo provisional hace referencia que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), el Viceministerio de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), y la Dirección General de Transportes (DGT), deben implementar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las normas constitucionales, internacionales y ordinarias, relacionadas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
