Dentro de los primeros cien días de gobierno del presidente Alejandro Giammattei, primer mandatario con discapacidad del país, tal como él mismo se ha identificado en diferentes espacios, se han observado las primeras acciones dirigidas a personas con discapacidad, población que suma más de un millón 600 mil habitantes. Su primer discurso presidencial, generó gran expectativa en el sector, al referir “Hoy uno de ustedes es presidente”. Debe destacarse que durante estos tres meses de gobierno el mandatario, debido a la pandemia del COVID-19, se ha enfocado en trabajar en la protección de la población en general.
Una de las acciones trascendentales por parte del Organismo Legislativo en beneficio de la población con discapacidad, fue la aprobación de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala, mediante decreto 3-2020. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, fue la primera en acatar la ley, integrando un intérprete de lengua de señas en la comunicación oficial, garantizando de esta forma, el derecho a la información a la población con discapacidad auditiva del país, conformada por alrededor de 240 mil personas, según la Asociación Guatemalteca de Sordos.
La inclusión de un intérprete de lengua de señas ha sido vital para informar a las personas con discapacidad auditiva ante esta emergencia, sobre las medidas de prevención, contención para evitar el contagio y propagación del virus.
Dentro del apoyo del Bono Familia, que otorga un beneficio de un mil quetzales, durante tres meses, transferencia que coordinará el Ministerio de Desarrollo Social, se tomó en cuenta a grupos vulnerables conformados por población con discapacidad, adultos mayores, enfermos crónicos, personas en pobreza, madres solteras y niños y niñas con desnutrición.
El apoyo a la población con discapacidad trae a la mesa la necesidad de promover la aprobación de la Ley de Certificación de discapacidad en el Legislativo. Proyecto que contempla la conformación de un equipo multidisciplinario a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que deberá evaluar la condición de personas con alguna deficiencia, conformar una base de datos y otorgar una certificación que permita el acceso a diferentes programas sociales. De contarse hoy con una ley de esa naturaleza, facilitaría la entrega del bono familia a este sector.
El acercamiento entre el Ejecutivo y el CONADI ha sido importante, destaca la visita del vicemandatario, Guillermo Castillo a las instalaciones del CONADI, donde sostuvo un encuentro con directivos para conocer los avances en la materia y el quehacer institucional. A nivel departamental, también se han realizado esfuerzos significativos, como la apertura de oficinas municipales de discapacidad, que buscan la inclusión de las demandas de las personas con discapacidad en las políticas, planes y proyectos de los gobiernos locales. Esto demuestra que la suma de diferentes actores generara mejores resultados para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
